A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR), es un organismo autónomo, la Presidencia de la República está en posibilidad de pedirles que revise casos en los que pueda haber ’indicios de influyentísimo o de corrupción’, afirmó el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera intervenir para atraer a las instancias de la justicia federal todas las carpetas del caso de despojo accionario en la empresa lechera jalisciense Sello Rojo.
’Nosotros no tenemos diferencias de carácter institucional con las otras autoridades, con otros poderes, seguimos manteniendo relaciones, nada más que hay puntos de vista distintos y eso es válido en la democracia, pero sí se pueden atender todos los casos, eso es lo que podemos hacer’, aseguró a pregunta expresa durante la conferencia mañanera del pasado viernes tres de noviembre.
De igual manera el mandatario mexicano solicitó al reportero José Sobrevilla que pudiera compartir la información del caso Sello Rojo a Jesús Ramírez Cuevas, director de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, con el fin de poder analizar los pormenores de este tema y explorar esta posibilidad.
Cabe recordar que el pasado 24 de octubre, en conferencia de prensa en la capital del país, familiares de socios afectados por el despojo de sus derechos corporativos en Sello Rojo, solicitaron al presidente de la República su intervención inmediata para la defensa de la integridad física y patrimonial de José Luis González y Josefina Rodríguez, accionistas de la firma y quienes no han recibido ningún pago de utilidades durante ese lapso.
En dicha conferencia, los hijos de estos afectados por los actos de corrupción de Abraham Kunio y Rubén Masayi González Uyeda, explicaron que quienes defienden sus derechos han obtenido diversas victorias en los procesos judiciales en Jalisco, y ante ello autoridades de la entidad han removido a los jueces que les concedieron la razón o amenazado a los que les van a conceder la razón, además del cambio de juzgados y alteración de documentos, entre otras artimañas.
Denunciaron que independientemente de la violación a los derechos accionarios de los socios de esta empresa, como el caso de sus padres, los principales afectados podrían ser los propios trabajadores de Sello Rojo, ya que la empresa ha tenido crecientes problemas laborales y pérdida de mercado.
El sistema de transporte de la empresa, manifestaron, tiene serias deficiencias y se han presentado diferencias con ganaderos de algunas entidades como el caso de Sinaloa, a quienes tienen 100 días sin pagarles, lo que podría convertirse en un problema de orden social.
Los accionistas de la empresa Sello Rojo que han sido despojados de sus derechos en la empresa, confían en que la Presidencia de la Republica esté en posibilidad de, tal y como lo mencionó el mandatario, hacer una recomendación a la Fiscalía General de la República para que atraiga las capetas de investigación de este caso y sacarlo de la ’esfera judicial de Jalisco’ en la que los hermanos Abraham y Rubén González Uyeda ejercen total control con la anuencia del gobierno
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