Comerciantes de la fundación de mujeres indígenas, desempleadas y madres solteras, lideradas por la organizadora Marta Rebeca Morales Gutiérrez, han denunciado públicamente a la administración municipal de Guadalajara por lo que califican como un patrón de acoso, maltrato y extorsión. Según sus testimonios, a pesar de contar con los permisos oficiales en regla, las autoridades intentan reubicarlas de forma arbitraria y las amenazan con cobros excesivos, lo que pone en riesgo su derecho a un trabajo digno.
El conflicto más reciente se centra en un evento conmemorativo que la fundación tenía programado en la calle Manuel Acuña. De acuerdo con Morales Gutiérrez, la directora de espacios abiertos, conocida como "Maestra Blanca", ha intentado reubicar al grupo a un lugar inseguro e inviable, con el pretexto de que un desfile pasará por la zona. "Nosotras contamos con todos los permisos oficiales", afirmó Morales, "después de un proceso largo y tedioso en el que realizamos numerosos trámites, nos quieren mover a un lugar donde no podremos trabajar y que además representa un riesgo para nuestra seguridad".
La denuncia no solo se limita a la reubicación, sino que se extiende a un trato que califican de injusto y malintencionado. Marta Rebeca expresó su frustración al recordar que las mismas autoridades, a las que brindaron su apoyo durante la campaña electoral, ahora las ignoran, las maltratan e incluso las amenazan con multas desorbitadas si no acatan la orden de la Maestra Blanca. Morales Gutiérrez afirmó que este grupo de comerciantes aportó recursos para la campaña de Verónica Delgadillo y otros miembros de Movimiento Ciudadano (MC), quienes ahora los desconocen. De acuerdo con el señor Rosalío Morales, "en campaña nos hablaban por nuestro nombre y como amigos, ahora nos tratan como piojos". Agregó que han intentado hablar con la presidenta municipal, pero "nunca tiene tiempo, solamente para las personas de corbata y de dinero".
Entre las amenazas lanzadas por los servidores públicos, se les ha dicho que les cobrarían más por los espacios, dejando en claro que el costo podría ascender entre 50,000 y 80,000 pesos, y que se reservan el derecho de otorgar o no las autorizaciones. Además, señaló que el hostigamiento y las amenazas provienen de personas que laboran en el área de Espacios Abiertos, quienes se presentan sin identificarse para amedrentar a las comerciantes.
Para expresar todas estas anomalías y atropellos de la autoridad municipal, los comerciantes han colocado un toldo blanco sobre Paseo Alcalde, que sirve como lienzo para plasmar sus denuncias, pasando por alto que todos sus documentos firmados y sellados se encuentran en regla.
Por su parte, Rosalío Morales, co-organizador de la fundación, corroboró las acusaciones, señalando que el hostigamiento es una constante en diversos eventos que han intentado organizar. "Esto no es nuevo, siempre enfrentamos acoso", comentó. Además, denunció que las supuestas mejoras y cambios urbanos en la ciudad a menudo se utilizan como excusa para beneficiar a los políticos y no a la ciudadanía o a los comerciantes. Morales agregó que la situación se ha vuelto insostenible, con un trato "deshumanizante" por parte de los funcionarios, quienes llegan a insinuar la necesidad de sobornos para poder ejercer su labor.
Los comerciantes hacen un llamado a las autoridades municipales para que respeten los permisos emitidos y pongan fin a las presiones y amenazas. Su objetivo, afirman, es simplemente poder trabajar en un ambiente seguro y digno, sin la constante incertidumbre y el acoso de las dependencias gubernamentales.