La tendencia de los últimos años a reducir la corrupción en el país, ha encontrado su mayor resistencia no sólo en la clase política, como podría especularse, sino en los mismos cuerpos de seguridad pública, donde su prevalencia es incluso cinco veces superior que la de otros servidores públicos.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, durante el primer semestre de este 2025 apenas una por cada cinco personas mayores de 18 años en el país tuvieron contacto con servidores públicos.
Cuando se trató de funcionarios, en uno por cada 11 de los casos, el entrevistado aseguró haber presenciado al menos un acto de corrupción.
El problema está en que cuando se trató de alguna autoridad de seguridad pública, en poco menos de la mitad de los casos se atestiguó un acto de corrupción, es decir, que si trataron con agentes de tránsito les pidieron ’moche’, pero también, si buscaron a alguna autoridad para que les auxiliara, pudieron atestiguar desde alguna complicidad hasta alguna otra actitud que les hizo reconocer que se trataba de elementos corruptos.
En el caso de Hidalgo sin embargo, específicamente midiendo su capital, la cifra de corrupción con servidores públicos se dio en uno por cada 9 casos; sin embargo, en el caso de la atestiguación de casos de corrupción respecto las autoridades de seguridad pública, se dio prácticamente en 6 por cada 10 de las incidencias, lo que es 27% más que la media nacional.
La medición para el área urbana de Pachuca es incluso más específica si se tiene en cuenta que allí fue una tercera parte de la población mayor de edad la que tuvo contacto con los servidores.