El pasado domingo 30 de marzo dio inicio el primer proceso a nivel histórico de elección judicial, por lo cual 3 mil 422 personas aspirantes a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que enseguida el Instituto Nacional Electoral (INE) buscó sabotear el proceso.
En el primer día de campaña rumbo a la elección del Poder Judicial, 3 mil 237 candidatas y candidatos de 3 mil 422 publicaron su información curricular y propuestas en la página ¡Conóceles! del Instituto Nacional Electoral (INE), para que la ciudadanía pueda saber por quiénes podrá votar el próximo 1 de junio.
En los procesos anteriores, —donde se elegía a integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, pues es la primera vez que se votará por integrantes del Poder Judicial—, este sistema no llegaba a ser tan popular, pues lo máximo que alcanzó fue un 59.82 %.
El pueblo de México se prepara para hacer historia al ser la primera vez que se permitirá la elección del poder judicial mediante voto secreto. Este proceso no está ligado a partidos políticos; cada aspirante al poder judicial ha estado trabajando arduamente durante los últimos meses para ser evaluado por la ciudadanía. Invitamos a todos a participar en la votación, declaró Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República.
En una sesión extraordinaria y urgente, celebrada el sábado 29 de marzo, ocho de los 11 consejeros y consejeras electorales decidieron prohibir al gobierno que informe respecto de la elección al Poder judicial, por lo que no podrán utilizar recursos públicos y privados, la promoción en espectaculares y bardas, así como la contratación de espacios en radio y televisión, la mayoría de las y los aspirantes a alguno de los 881 cargos en disputa
La prohibición aplica también a cualquier institución pública o servidor público, por lo que ni siquiera tendrán permitido explicar en qué consiste la democratización del PJF ni cómo serán las boletas electorales; mucho menos podrán promover la participación ciudadana el próximo 1 de junio.
Estos impedimentos quedaron ya establecidos a partir del domingo 30 hasta el día de la elección.
La propuesta del consejero Arturo Castillo establece que ’ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas, en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional’.
El consejero, que forma parte del bloque derechista mayoritario en el INE, expuso que, ’en su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades’.
Ante esto el presidente del Senado de la República indicó que buscarán recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para plantear que es incorrecto, ya al ejecutivo y al legislativo le cedimos partes importantes oficiales al INE para la difusión, pero el resto de los tiempos, los legisladores tienen sensibilidad y visión de cómo hacer una campaña, convocando a votar, y le parece que si solo el INE participa, es apostar a la baja participación de la gente, por ello, no están de acuerdo.