Mar de silencio

Desde 2017, al menos, se vislumbró claramente el desplome de la demanda ilegal de heroína en el mercado norteamericano debido a la irrupción del fentanilo, un opioide mucho más potente y barato, pero mortal.

Tan solo en 2022 el fentanilo provocó la muerte de más de 100 mil adictos en ciudades de los Estados Unidos, lo que lógicamente alarmó a las autoridades de ese país que voltearon a ver al mercado de drogas mexicano, donde se produce una gran parte de ese sintético para su exportación a la Unión Americana.

Aunque el presidente López Obrador ha negado que se produzca en el país, lo cierto es que el fentanilo se convirtió en la droga más demandada por el mercado negro estadunidense, lo que vino a fortalecer fundamentalmente a los dos cárteles más poderosos de México: el Cartel de Sinaloa (CS), administrado por Los Chapitos, y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene en La Familia su principal reducto en Guerrero.

Como consecuencia del hundimiento de la heroína en los Estados Unidos, igual se desplomó la siembra y producción de amapola en Guerrero, planta de la que se extrae la heroína.

Un estudio conjunto entre la Secretaría de la Defensa (Sedena) y Naciones Unidas (ONU), con apoyo de tecnología satelital -que se llevó a cabo en los años 2014-2105-, permitió estimar con la mayor precisión en 25 mil el número de hectáreas sembradas con amapola cada año en la cresta de la Sierra Madre del Sur. Un 85 por ciento del lado de la costa y el resto en la parte más alta de La Montaña.

Para dar una idea de la viabilidad que tiene este cultivo, baste mencionar que una parcela de amapola está en condiciones de ser ’ordeñada’ en tres meses, mientras que un arbol de aguacate produce fruto a los ocho años de ser sembrado. Es por eso que las familias campesinas prefieren (o preferían) sembrar ampola que árboles frutales, con todo y los apoyos que ofrece el gobierno mexicano.

El universo estimado de familias que habitan la parte alta de la coordillera es de 110 mil, lo que da idea de la catástrofe que significaba para todas ellas la destrucción de los plantíos, implementada por el Ejército en cumplimiento de su mandato legal.

Desde 2014 y 2015 ya se tenían noticias de la irrupción del fentanilo en el mercado ilegal norteamericano, lo que anticipaba la caída de la siembra de amapola en Guerrero, con el consecuente golpe a la economía de ese sector de la población guerrerense.

Desde esas fechas (2014 al 2018) ya se anticipaba que a la catástrofe económica de las familias sierreñas por la caída del mercado de la heroína, seguiría una tragedia social desde el momento en que esas familias carecerían de lo más elemental para la supervivencia, ya ni siquiera pensar en los gastos de educación y salud.
Y así ocurrió.

Miles de familias que subsisten de manera precaria en la Sierra Madre del Sur, sea cual sea el municipio, vieron reducidos sus ingresos y, por extensión, su posibilidad de adquirir alimentos, ropa y accesosorios personales. Comenzaron a sembrar maiz y frijol para subsistencia. Pero también vieron aparecer el fantasma del hambre frente a su horizonte.

Comenzaron a menudear los asaltos y los secuestros, se enrrareció el clima cotidiano, lo que se tradujo en choques y conflictos con otras comunidades y grupos por los más variados motivos.

Todo esto ocurrió en el silencio más absoluto dado el aislamiento en que viven esas miles de familias en lo alto de la sierra, donde no existen medios de comunicación y sólo acceden al internet cuando bajan a las cabeceras municipales.

Ese fue el caldo de cultivo para que pudieran prosperar los grupos armados de la delincuencia organizada, especialmente La Familia y el Cartel de la Sierra, del lado interior de la coordillera, que mantienen una confrontación mortal por el control del territorio y la economía de algunas ciudades de Guerrero.

Ambos son grupos armados poderosos, pero parece ser más peligrosa la formación denominada La Familia por su alianza con el CJNG.
La influencia del Cartel Jalisco se nota en la estrategia que ha aplicado La Familia para combatir a sus enemigos. Un caso es la comunidad de El Caracol -en el municipio de Tlacotepec- que en las últimas semanas ha sido bombardeada con granadas montadas en drones, igual como ha acontecido con algunas comunidades de la parte alta de Tecpan de Galeana. Son más de 200 las familias que comenzaron a emigrar de esas comunidades para ponerse a salvo.

El avance de la Familia sigue adelante, a pesar de que ha sido perseguida por el Ejército Mexicano, que ha monitoreado sus operaciones a través de la sierra desde que ocurrió la matanza de San Miguel Totolapan, en agosto del año pasado. Lo cierto es que, en ese terreno, sólo funcionarían eficazmente las Fuerzas Especiales para combatir a los sicarios de esa organización criminal.

Por desgracia, alcaldes como Norma Otilia Hernández en Chilpancngo, u Ossiel Pacheco en Coyuca de Benitez, han operado para allanar el camino del crimen organizado. A este último alcalde muchas personas lo han visto ingerir bebidas embriagantes en compañía de sicarios de La Familia, que ya han cometido decenas de asesinatos en la llamada Puerta de la Costa Grande.
Estos ediles son una vergüenza para Morena, pero sobre todo son una amenaza para la sociedad.

Si La Familia incursiona en Acapulco, complicará aún más el escenario cotidiano de violencia que de por sí padecen los habitantes del puerto y, peor aún, entrará en una contienda brutal con los grupos acantonados en esta ciudad turística.

¿Por qué la Fiscalía General de la República no procede, de una vez por todas, contra estos falsarios de la administración pública? Es sólo una pregunta que no tiene respuesta, dado que al parecer son intocables para el gobierno de la república.
Y los guerrerenses, que se jodan.