A dos años de la Masacre de Camargo, recapitulamos con indignación que los mismos errores que se han cometido en la investigación de distintas masacres en contra de personas migrantes en México, continúan repitiéndose, dando como resultado que se perpetúe la impunidad en estos casos 72 Migrantes de San Fernando (2010), Fosas Clandestinas (2011), Cadereyta (2012), Güémez (2015) y Camargo (2021)), que en total suman 352 víctimas.
Este 22 de enero se conmemoró el segundo aniversario de la Masacre de Camargo, en la que 19 personas migrantes, provenientes de Guatemala y El Salvador, fueron perseguidas, torturadas, asesinadas y finalmente calcinadas en Camargo, Tamaulipas, presuntamente, por 12 policías municipales.
Más de 700 días en los que los presuntos responsables han estado detenidos casi desde el inicio, sin que ello represente acciones concretas para traer justicia para las víctimas, pues aunque las pruebas y testimonios podrían ya dar claridad y firmeza a una sentencia, no ha sucedido porque las audiencias se han pospuesto en más de cinco ocasiones en el último año.
La receta de la impunidad
En el caso de la Masacre de Camargo, las autoridades siguen repitiendo patrones que propician la impunidad y falta de eficiencia en la procuración de justicia que hemos visto en otras masacres en contra de personas migrantes.
● Fragmentación de casos: En la Masacre de Camargo –como en las otras en contra de personas migrantes– las investigaciones se dividieron entre la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que lleva el caso por homicidio en contra de los 12 policías detenidos, cuyo proceso se encuentra estancado y, a más de un año de haberse ordenado por el Juez de control, no se ha podido desahogar la audiencia de etapa intermedia.
Mientras que otra parte se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tiene a su cargo dos investigaciones fundamentales: 1) contra los servidores del Instituto Nacional de Migración (INM). Y 2) la iniciada a solicitud de las familias de las víctimas, quienes pidieron a la FGR México que se encargara de hacer esa investigación integral de la Masacre de Camargo, sólo se ha constreñido a investigar el tráfico de personas del que las víctimas fueron objeto.
● Falta de investigación a autoridades: A pesar de haberse investigado inicialmente a ocho funcionarios, sólo dos son procesados en la actualidad (aunque no por delitos relacionados con la Masacre de Camargo). Es urgente indagar más sobre la participación de elementos del Instituto Nacional de Migración y de otras autoridades posiblemente coludidas, para poder determinar la participación de cada una de estas
personas.
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Focalización en actores inmediatos: Actualmente, solo se considera como presuntos implicados a los policías municipales involucrados, dejando de lado las redes de macrocriminalidad que operan detrás de los policías y funcionarios posiblemente coludidos, quienes amparados bajo esta red cometen diversos delitos (extorsión, secuestro, trata, homicidio), así como actos de extrema crueldad –como sucedió en Camargo–.
No queremos dejar de señalar que, los gobiernos de Guatemala y El Salvador –de donde provenían las víctimas– tampoco han acompañado de manera constante a las familias de las víctimas, teniendo en cuenta que son ciudadanas y ciudadanos de dichos países, y que es su obligación velar por que el gobierno mexicano asuma su responsabilidad en cuanto a la reparación del daño.
¿Cuál es el camino?
Estamos en espera de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgue un poco de justicia a estas familias y en días próximos emita una recomendación insigne en contra de todas estas autoridades, por violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas.
A dos años de la tragedia, la reparación del daño –a la que tienen derecho las víctimas del delito y sus familias– sigue pendiente.
También recordemos que, derivado de la impunidad de las masacres de personas migrantes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) recomendó a México la creación de una Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, conformada por instituciones de gobierno, sociedad civil, organismos internacionales y personas expertas independientes, tanto nacionales como internacionales.
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Con el apoyo de: Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor Fe (Cofamideaf), Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, (Cofamide), Asociación de Familiares Migrantes Desaparecidos de Guatemala (Afamideg), Comité de Familia La Guadalupe (Cofamigua), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P