El Tijeretazo Político
Joaquín Bojorges
La reciente solicitud de la Fiscalía de Campeche para obtener información sobre periodistas que publican notas críticas contra la gobernadora Layda Sansores no es un hecho aislado: forma parte de un patrón preocupante de hostigamiento institucional contra la prensa independiente. Esta ofensiva se inscribe en una serie de acciones que han vulnerado sistemáticamente la libertad de expresión en el estado.
Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista Jorge González Valdéz, exdirector del diario Tribuna Campeche, quien ha enfrentado censura judicial, demandas penales y presiones que lo obligaron a cerrar el medio que dirigía. A sus 72 años, González se ha convertido en símbolo del asedio judicial que padecen los comunicadores en la entidad. En sus propias palabras, ’muy pocas personas firman las columnas por miedo a las represalias’.
La Fiscalía ha llegado al extremo de requerir a medios como Telemar información detallada sobre los autores de notas críticas, bajo el argumento de investigar presuntos delitos de calumnia. Esta práctica, lejos de garantizar justicia, abre la puerta a un ’pueblo del silencio’, como han advertido abogados y defensores de derechos humanos.
Estos antecedentes revelan un clima de censura institucional que no solo afecta a periodistas como Jorge, sino que amenaza el derecho ciudadano a estar informado. En Campeche, la crítica se castiga, y la libertad de prensa se encuentra bajo asedio.
La Fiscalía de Campeche ha solicitado información sobre periodistas que publican notas críticas contra la gobernadora Layda Sansores. Pero este hecho no es aislado: forma parte de una estrategia sistemática de persecución contra medios independientes, denunciada con contundencia por el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna Campeche.
En un mensaje difundido en redes, González Valdez calificó la situación como un ’monstruoso atentado contra la libertad de expresión y de prensa’. Denunció que desde la llegada de Sansores al gobierno, los medios impresos y televisoras locales han sido desmantelados, y que hoy la información crítica sobre el estado solo circula en plataformas digitales, bajo constante amenaza.
’Hay golpes físicos, puedo asegurarlo porque los he padecido. Estuvieron a punto de matarme. Terminé en el hospital por una golpiza propiciada por policías, y fui secuestrado 48 horas en una celda inmunda de la Fiscalía’, relató. Su testimonio revela un patrón de violencia institucional que incluye censura judicial, intimidación física y uso faccioso de los tribunales para silenciar voces incómodas.
González advierte que Campeche se ha convertido en un laboratorio de represión, donde incluso el Tribunal Electoral —sin proceso electoral en curso— obstaculiza el trabajo de los comunicadores. ’La gobernadora ha amenazado con seguir en esa actitud, en esa conducta que no encuentra freno ni en el medio estatal ni en el federal’, concluyó.
Este contexto exige unidad, reflexión y acción. La libertad de prensa no puede ser rehén del poder. Lo que ocurre en Campeche es un llamado urgente a defender el derecho ciudadano a estar informado.