Arturo Parra
Acapulco, Gro.- El abogado laboralista Adán Memije Albarrán dio a conocer que crece la inconformidad de sus compañeros porque lo tribunales laborales, centros y juntas de Conciliación y Arbitraje permanecen cerrados desde octubre del año pasado, negándosele justicia laboral a los trabajadores con diversas demandas contra sus patrones.
Dijo que no se puede iniciar ninguna demanda ni avanzar para resolver las que ya existen, porque los inmuebles que albergan esas instancias continúan cerrados después del huracán "Otis" y las autoridades no han hecho nada por reparar los daños para reabrirlos.
"Solo hay atención en el Centro de Conciliación -ubicado atrás del Centro Internacional Acapulco-, pero muy restringida porque nadie más dan 35 fichas diariamente, cuando la demanda es hasta tres veces mayor y ello ha fomentado ya muchos vicios y corrupción, por lo que pedimos a la gobernadora Evelyn Salgado su atención en esta problemática", expuso Memije.
Apuntó que hay cientos de trabajadores desprotegidos porque sus patrones no les dan Seguro Social, no les pagan sus salarios o los están despidiendo, y la autoridad laboral que tiene la obligación de hacer las inspecciones y requerimientos necesarios para vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores, no lo hace, negándole la justicia a los demandantes.
Precisó que todos los tribunales de Conciliación y Arbitraje tanto locales como federales continúan cerrados desde el paso del huracán "Otis".
Además dijo que los abogados litigantes están solicitando una auditoría a los centros de Conciliación Laboral, pues el director Eleazar Salazar les dijo que se gastaron 14 millones de pesos en la renta del inmueble que ocupan, atrás del CIA, lejos del centro de la ciudad, obligando a los justiciables a gastar en transportación, y solo están ocupando el último piso, quedando vacío todo el edificio, por lo que quieren saber en qué se gastó ese dinero.
Por otro lado señaló que hay corrupción, pues tanto la presidenta de la Junta de Conciliación, Francisca Castro Romero, como la secretaria general Nora Arellano Guadarrama, tienen denuncias penales, "y ya hablamos de eso con Luis Armando Baños Rendón, secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, pero no le da seguimiento a esos casos, nada más los cambió de lugar, fomentando la corrupción en otros tribunales", continuó el abogado en derecho laboral.
Y del que nombraron como dictaminador, Ernesto Martínez Abarca, indicó que ha sido denunciado por abrirle las carpetas de investigación a algunos abogados litigantes, para calmarlos y evitar que protesten, al igual que el propio secretario del Trabajo, quien denunció a los abogados postulantes ante la Fiscalía Generalbdel Estado por manifestarse, cuando esto es un derecho constitucional.
"Armando Baños reprime a los abogados y les niega a los trabajadores la defensa de sus derechos laborales", subrayó Adán Memije.