Nueva empresa oficial de medicinas

Una de las principales deficiencias del actual gobierno federal, el de la Cuarta Transformación, ha sido en materia de salud, donde ha cometido una serie de errores, como haber despedido a cerca de cien mil empleados, principalmente doctores y enfermeras, misma cantidad que se vio en la necesidad de recontratar con la pandemia de coronavirus; después, haber cancelado el Seguro Popular, que a pesar de sus deficiencias atendía a personas sin seguridad social, para sustituirlo por un deficiente Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), entre otros casos.
Además, a pesar de que se tuvo tiempo para que el Sector Salud se preparara con anticipación para enfrentar al Covid-19, existieron varias fallas como primero vender cubrebocas a China para posteriormente recomprarlos, por supuesto a un mayor precio; después, iniciar con retraso la adquisición de ventiladores, ya que cuando se buscó en el mercado internacional, los existentes se cotizaban a precios más altos de los normales.
Incluso, Andrés Manuel López Obrador tuvo que comunicarse con ’su amigo’, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para negociar la compra de ese equipo en momentos que resultaba difícil de adquirir, lo cual fue expresado con cierto timbre de orgullo de parte del mandatario mexicano.
Una de sus mayores fallas ha sido la falta de medicinas, tanto para los menores con cáncer, problema existente desde el año pasado, como para abastecer a los hospitales públicos ante la actual pandemia, además de no proporcionar equipo de protección de calidad para el personal médico que atiene el coronavirus.
En este último caso y de acuerdo con Amnistía Internacional, a mediados de julio México ya ocupaba el quinto lugar a nivel mundial con más personal de salud fallecido a causa del nuevo coronavirus, con 248 profesionales de la salud, mientras que en todo el mundo ya sumaban más de tres mil.
Asimismo, en diciembre del año pasado el presidente aseguraba que con el Insabi, existiría atención médica y medicinas gratuitas garantizadas a partir del 1 de diciembre de 2020; en enero de este año , López Obrador reiteraba que con esa institución se terminaría el ’huachicoleo de medicamentos", ya que en ese entonces denunciaba el desvío de recursos destinados a la compra y distribución de medicamentos en un contubernio donde participaban gobiernos, servidores públicos, empresarios y hasta algunos dirigentes sindicales.
Sin embargo, ante el fracaso del Insabi el presidente envío una iniciativa para crear una nueva empresa del Estado, cuyo objetivo será la distribución de medicamentos, equipo médico y vacunas en todo el país y, según sus palabras, tal como sucede con refrescos y comida chatarra, que llegan hasta las zonas más lejanas e incomunicadas.
Con el apoyo de Congreso Federal, la semana pasada se aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permitirá al Estado comprar medicamentos en el extranjera aunque, según se dijo, no se marginaría a los laboratorios y empresas mexicanas del ramo.
Para la mejor operación de esta empresa, la cual será encabezada por David León, hasta ese momento coordinador General de Protección Civil y que iniciaría operaciones el 15 de agosto, López Obrador firmó con la Organización de las Naciones Unidas un convenio general que garantizaría la transparencia del proceso.
Según ese acuerdo, la ONU realizará el análisis de mercado, solicitará propuestas y convocaría a los interesados en la licitación, a fin de lograr la mejor calidad y precio; después se acordaría el envío de medicinas y equipos a la Ciudad de México, para que la nueva distribuidora los almacene y organice un sistema de entrega a nivel nacional.
Sin embargo por considerar que esa reforma legal afecta el artículo 134 de la Constitución, legisladores del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano anunciaron que iniciarían ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad.
En conferencia de prensa con la dirigencia del PAN, la senadora Alejandra Reynoso dijo que parlamentarios de su bancada, de Movimiento Ciudadano y del PRI manifestaron su preocupación de que el cambio aprobado convertirá a esas licitaciones en una excepción, además de ser adversa a los compromisos establecidos en el T-MEC.
Según las reglas establecidas, los senadores pueden presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando reúnan al menos el 33% de los integrantes del pleno, es decir 43 legisladores y si se suman todos los de oposición entonces serían 49, número suficiente para iniciar ese recurso.
Más allá de conflictos políticos y legales, lo que importa es poder subsanar la carencia de medicinas en el Sector Salud, que sean atendidas las necesidades de los sectores más necesitados, por lo que se debe esperar a que esta nueva empresa funcione, de lo contrario será una nueva raya al tigre del gobierno de la Cuarta Transformación.