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La justicia en manos de Gertz Manero (parte II)

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Junio 12, 2021 09:21 hrs.
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Retomado de Milenio
RICARDO RAPHAEL
12.06.2021/02:13Comparte esta noticia

’¿Debería el fiscal general de la República renunciar a sus derechos por haber aceptado este importante cargo?’

En entrevista con el autor de este texto, reacciona Alejandro Gertz Manero a los señalamientos públicos por su papel como denunciante del supuesto homicidio de su hermano.

’¿Está usted convencido de que Federico Gertz Manero fue asesinado por su pareja Laura Morán Servín?’, pregunto por vía telefónica.

El fiscal contesta que habría de ser un juez quien resuelva.

Y, sin embargo, hace más de cinco años él la denunció, junto con su hija Alejandra Cuevas Morán, por homicidio.

Aclara que según su conciencia tal cosa es lo que debía hacer. Con parsimonia narra su versión de los hechos. Está sinceramente convencido de que Laura Morán, quien actualmente tiene 94, pareja de su hermano durante cincuenta años, es responsable de la muerte de Federico.

También el fiscal lo está de que fue cómplice de este presunto crimen la hija de su excuñada, Alejandra Cuevas Morán, quien en el presente tiene 68 años.

’¿Por qué no iba a proceder contra ellas?’, insiste con que la función que ocupa no lo lleva a abjurar de sus derechos como ciudadano.

En estas páginas se publicó la semana pasada un texto dedicado a examinar las pruebas de cargo y de descargo contenidas en la denuncia contra ambas mujeres.

Mi conclusión es distinta a la del fiscal y así se lo hago saber. Según mi interpretación no hay evidencia de que Laura Morán, mucho menos Alejandra Cuevas, fuesen las únicas garantes de la salud y la vida de Federico Getz Manero. Entre médicos y familiares, por lo menos otras doce personas intervinieron en las decisiones médicas tomadas en favor de la presunta víctima. Esta lista incluye al propio Alejandro Gertz y a una de sus hijas.

Tengo convicción de que este mismo caudal probatorio excluiría de toda responsabilidad a Alejandra Cuevas, quien abandonó la casa de su madre hace por lo menos cincuenta años y no tenía ningún vínculo filial con Federico Gertz.

El fiscal posee otra percepción y lo asiste la lógica cuando afirma que sus argumentos no tendrían porqué pesar menos que los de su ex familia política.

El problema surge cuando, por la altísima función que desempeña, el peso de esa percepción, tan subjetiva como cualquier otra, tiende a superar las convicciones de sus adversarias.

En esta historia hay un fiscal general, el primero con autonomía política en la historia mexicana, y dos mujeres en situación de desventaja, una de 94 y otra de 68 años, la más joven encerrada en el penal de Santa Marta Acatitla desde octubre del año pasado.

Esto es así porque una juez consideró que, mientras se celebra el juicio, Alejandra Cuevas debía ser privada de la libertad, de manera preventiva, en una cárcel.

’Usted no tiene pruebas de que yo haya influido en la decisión de la Fiscalía de la Ciudad de México, ni en las consideraciones de la juez que dictó la orden de aprehensión en contra de esa señora’.

En esto también tiene razón el fiscal Gertz: no tengo evidencia de que haya habido abuso de poder, pero tampoco de lo contrario.

Me atrevo por tanto a señalar que dada la posición políticamente relevante que él ocupa, jueces y ministerios públicos podrían actuar con parcialidad.

Ofrezco como argumento el hecho de que la denuncia contra su excuñada y su hija no hubiese procedido sino hasta que él fue nombrado fiscal.

En efecto, no procedieron las primeras acusaciones, fechadas entre 2015 y 2017. En cambio, después de enero de 2019 súbitamente las cosas tomaron otro rumbo.

El tema interpela a Alejandro Gertz: ’Estoy en contra del uso faccioso de la justicia. Es más, exijo a las autoridades responsables del proceso seguido contra estas personas que se apeguen estrictamente al principio de imparcialidad’.

’¿Me autoriza a publicar esta declaración?’, demando.

El entrevistado responde: ’No solo lo autorizo, le pido que me ayude a darla a conocer’.

’¿Esto quiere decir que no habría de ser relevante para la fiscalía de la Ciudad de México ni para la juez responsable que el fiscal general de la República sea parte involucrada en este conflicto criminal?’

En esta historia hayun funcionario frente a dos mujeres en situación de desventaja, una de 94 y otra de 68 años
Cuerpo.....
Gertz asiente: nadie debe actuar por encima de la ley.

Interrogo también por su opinión sobre el hecho de que Alejandra Cuevas esté sometida a prisión preventiva en Santa Marta Acatitla.

’¿No sería más justo que la juez, considerando la edad de la imputada y la circunstancia de las acusaciones, ordenara que Alejandra Cuevas siguiera el proceso en su casa?’

Alejandro Gertz concede nuevamente: ’En este caso es injusta la prisión preventiva’.

La verdad jurídica no es una señora que se pasea desnuda frente a nuestros ojos. Es resultado de un proceso siempre complejo donde cada parte aporta evidencia, pruebas de cargo y de descargo, que al final son valoradas por los jueces.

Hasta que no se produce una decisión inapelable, no hay verdad jurídica. No la tienen las partes por separado, mucho menos los observadores externos, (entre ellos quienes ejercemos el periodismo), de los procesos judiciales.

Sin embargo, para que esta verdad emerja apegada a la justicia es indispensable que ninguna de las partes tenga ventaja – esté por encima de la ley – y éste es un vicio que fácilmente puede ocurrir si uno de los actores es un varón con gran poder y su contraparte son dos mujeres sin capacidad material, mucho menos política, para defenderse.

Como en cualquier otro asunto de orden criminal, poner parejo el piso es condición indispensable.

Por eso es relevante que el fiscal Gertz Manero, como lo hizo, envíe un mensaje contundente sobre la imparcialidad que merece el caso y todavía más que haya emitido una opinión contraria a la prisión preventiva dictada por la juez en contra de Alejandra Cuevas.

Toca ahora a Ernestina Godoy, fiscal de la ciudad, y al Tribunal Judicial de la capital, tomar nota sobre la necesaria igualación de los derechos de las partes involucradas: el derecho a Laura y Alejandra a tener un juicio justo y el de Alejandro Gertz a actuar conforme a sus propias convicciones. _

Ricardo Raphael

@ricardomraphael

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