La Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyó, por escrito, que el juez de distrito Rogelio León Díaz Villarreal ordenara liberar a Abraham Oseguera Cervantes –hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio (Mencho) Oseguera Cervantes–, detenido el pasado 21 de abril por su probable responsabilidad en delitos de crimen organizado, en sus modalidades de tráfico de fentanilo y otras drogas prohibidas, posesión de armas de fuego.
En la conferencia matutina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la detención del hermano del Mencho, que ocurrió el pasado 21 de abril, se logró gracias al trabajo coordinado de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Según información proporcionada por las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, se cree que Abraham Oseguera Cervantes estuvo involucrado en delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y armas.
’Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación, los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso de esta persona, el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y, en consecuencia, ordenó su inmediata liberación’, expuso.
La SCJN justificó su posicionamiento sobre liberar al hermano del líder del Cártel de Jalisco argumentando que afecta el debido proceso, pese a ser vinculado a diversos delitos.
’Por tratarse de un asunto de relevancia y de interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, el día de ayer [29 de abril] se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención, a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que [Abraham Oseguera Cervantes, integrante del CJNG] se sustrajera de la justicia. Ante ello, el máximo tribunal respondió por escrito al gobierno de México justificando el actuar del juez [que lo liberó]’, denunció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
El 28 de abril a las 04:25 horas, el juzgador ordenó la liberación del presunto narcotraficante, desestimando las pruebas presentadas por la Fiscalía. Además, se concedió valor pleno a los indicios presentados por la defensa, incluyendo videos editados y segmentados que podrían haber sido manipulados.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó colaboración a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las autoridades estadounidenses. A pesar de esto, las autoridades estadounidenses respondieron por escrito el 29 de abril, indicando que no se confirmaron procesos u órdenes pendientes en contra del detenido, lo que resultó en su liberación esa misma noche.
La secretaria de Estado explicó que la liberación del miembro relevante del CJNG y hermano del Mencho, ’es un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013, y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado, y fue detenido nueve años después, propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanas y mexicanos que sufren de forma directa o indirecta los efectos del crimen organizado’.
Rosa Icela Rodríguez indicó que ’el Gobierno de México reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, así como del personal de la Fiscalía General de la República, que cumplieron con su deber, buscaron aplicar la ley y sacar de la calle a quienes dañan a la sociedad’.
Asimismo, en una posdata a esta explicación, la funcionaria federal reveló que el Poder Judicial impuso multas a la administración del presidente López Obrador por no haber liberado en el plazo de las 3 horas al presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. ’Si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones. Al final, aunque el juez había dado un ultimátum de tres horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25 mil pesos que procederemos a pagar, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctimas del escarnio de parte de gobiernos extranjeros’.Con información de CONTRALÍNEA