Para que el derecho humano a la alimentación sea una obligación del Estado, y deje de verse como una dádiva de los gobiernos a los grupos vulnerables, el diputado Max Correa Hernández presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo trigésimo tercero del Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de México.
La propuesta señala que el Estado garantizará que todas las personas independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro orden, origen nacional o social, cuenten con una alimentación adecuada y el derecho de vivir libres del hambre.
Por ello, resaltó el legislador Max Correa, el Estado entregará un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley, las personas indígenas o afromexicanas que se encuentren en situación de pobreza, y a madres solteras que tengan a su potestad hijas e hijos menores de edad o con alguna discapacidad’.
En la tribuna parlamentaria, el diputado de Morena resaltó que una de las finalidades que persigue la reciente reforma a la Constitución Federal propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es que los apoyos sociales se convirtieran en una realidad constitucional para toda su población beneficiaria, ’y en el Estado de México
tenemos la misma responsabilidad y convertir esto en una realidad, siendo el estado más poblado, más importante económicamente, pero también el que más desigualdades tiene, más inseguridad, más carencias y más necesidad’.
El también dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), explicó que la propuesta consiste en ampliar el Estado de Bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbre económicas, desigualdades, desventajas y otras injusticias, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores.
’De acuerdo a la corriente ideológica que desde un inicio ha conducido a nuestro partido Morena, resulta una preocupación latente la defensa de los derechos humanos inherentes a las personas adultas mayores, y bajo este contexto, se observa que el sistema jurídico actual carece de herramientas eficientes que garanticen las dispensas básicas de los sectores de la población vulnerables.
’En este orden de ideas, es propósito que en el texto de la Constitución se establezca la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable, con ello, se aspira a alcanzar el derecho al bienestar de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidades permanentes, a quienes se encuentren en condición de pobreza y extrema pobreza, y las madres solteras que tengan a su potestad hijas e hijos menores de edad’, concluyó.