#Columna
Derivado de la falta de claridad de la aplicación de recursos para mitigar el impacto ambiental de los vehículos, además de la enorme cantidad de calles intransitables existentes a causa de los baches, Hidalgo es la segunda entidad del país, dentro de las que existe Programa de Verificación Vehicular (PVV), donde menos se verifican los autos.
Y es que en Hidalgo solamente el 23.4% de los vehículos se verifica según las cifras oficiales de la Semarnat, es decir, que los retenes, allí donde se instalen, detendrán a 3 por cada 4 automovilistas que circulen, algo que operativamente no sería viable: o retienen a la gran mayoría hasta ocupar a todos los agentes en un periodo de tiempo muy corto, teniendo que dejar transitar a los demás, o escogen a quiénes sí y a quiénes no detener, lo que provocará mayor molestia en los conductores.
La cuestión está en que no se trata de un asunto ni de desidia, sino de transparencia en el manejo de los recursos, de socialización, pero sobre todo, de observar beneficios con el pago de derechos.
Porque la entidad con menor verificación del país es Jalisco, donde si bien la contaminación es más que evidente dado su grado de industrialización, el hecho de que no se aprecie el destino de los recursos provoca que la mayor parte de la gente simplemente no quiera pagar.
En Veracruz y Puebla, la mitad de los vehículos se encuentra verificado; en el Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala, es alrededor del 30% quienes verifican sus vehículos. En Aguascalientes, Michoacán y Oaxaca, no se proporcionan cifras dado que la proporción es muy menor.
Extorsión por verificación vehicular
Más allá de que la verificación es una obligación con la que deben cumplir los automovilistas dos veces al año, los métodos con los que se pretende realizar detecciones son cuestionables.
Desde por lo menos 2016 por ejemplo, es a través de sensores remotos que se ubican a los vehículos contaminantes que rebasen los límites de la Norma 167 de Verificación Vehicular. El sensor remoto consiste en la emisión de luz infrarroja y ultravioleta -no visibles-, a lo largo del tubo de escape.
Dado que la velocidad, el clima, así como otros factores, pueden causar anomalías en los instrumentos, también se toma una foto de la placa del vehículo, la cual busca en una base de datos si se ha pagado o no, la verificación. Al final, es esta última herramienta, así como la inspección física de los oficiales, la que determina si un sujeto es sancionado o no.
Como se aseguró más arriba, en realidad existe un severo problema logístico con los retenes. Y es que si el programa es “justo”, es decir, si sanciona por igual a todo vehículo que detecte sin verificación, tendrá que detener a 3 por cada 4 que haya en circulación, por lo que no importa la cantidad de agentes de tránsito, se saturarán en un par de minutos y tendrán que dejar circular al resto de automovilistas.
Por otro lado, si la inspección es aleatoria, ocupada dicha técnica para espaciar revisiones más que para evaluar sólo a una muestra representativa, con la finalidad de agilizar la circulación, sólo unos cuantos automovilistas tendrán la “suerte” de ser sancionados mientras el resto continúa impune, provocando un malestar social.