El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha instruido al Senado de la República a asumir la dirección del procedimiento, sustituyendo al Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ).
Esta decisión se produce tras la suspensión de actividades del Comité para la selección de candidatos a la boleta electoral del 1 de junio.
El Tribunal, liderado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, aprobó un proyecto que representa un hecho trascendental en la selección judicial, proceso que ha generado considerable interés en el ámbito político y más allá [citation:9]. La resolución fue aprobada por mayoría de los magistrados, incluyendo a Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, mientras que Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón emitieron votos en contra.
En el ámbito judicial, la selección de los jueces es un proceso clave para garantizar la imparcialidad y la justicia. Sin embargo, los recientes movimientos han generado dudas sobre la independencia y la transparencia de este proceso. El Comité de Evaluación del Poder Judicial había sido responsable de la selección de aspirantes, pero la suspensión de sus actividades dejó un vacío que necesitaba ser resuelto con urgencia.
La reforma propuesta por el TEPJF asigna la responsabilidad al Senado, quien tendrá un plazo de 24 horas a partir de la notificación para establecer las nuevas medidas y lineamientos para el proceso. Este cambio no solo afectará la estructura de la selección de jueces, sino que también podría tener implicaciones significativas en el futuro del Poder Judicial en México.
El Senado tendrá que abordar este nuevo reto rápidamente. Según el proyecto aprobado, se deberá realizar una insaculación pública para seleccionar a los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos. Este proceso incluirá a más de 3,000 aspirantes que, según las cifras del Comité de Evaluación, cumplen con los criterios de elegibilidad.
El impacto de esta decisión va más allá de la selección de jueces. En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no apruebe las ternas o las duplas resultantes del proceso de insaculación, el Senado podrá remitir directamente los candidatos al Instituto Nacional Electoral (INE) para que continúen con su campaña proselitista, en un proceso que se prevé como una campaña activa en medios como radio y televisión.
Este giro en el proceso de selección no solo afecta la estructura judicial, sino también el equilibrio de poder en México. Al tomar el control del proceso, el Senado tiene la oportunidad de definir, de manera más directa, el perfil de los jueces que ocuparán los puestos clave en la judicatura. Sin embargo, este cambio también pone en duda la imparcialidad del proceso, ya que algunos sectores del país podrían percibir que hay una mayor politización en la selección judicial.
Además, el Senado tiene hasta el 12 de febrero para remitir la lista final de candidatos al INE, lo que marca el inicio de una nueva fase en el proceso electoral, donde los aspirantes deberán someterse a un intenso escrutinio público.